Por Celestino Aponte
Guayana está urgida de soluciones ya. Es evidente que ni las instituciones del Gobierno Nacional establecidas en la región ni el Ejecutivo del estado Bolívar ni menos aún las alcaldías han sido capaces de dar respuesta a la crisis sistémica implantada en esta entidad federal y, peor aún, es clara la débil e inconsistente facultad con que cuentan como para esperar soluciones futuras. En efecto, ni los ministerios, ni la CVG y menos aún las gobernaciones del estado tienen propuestas técnicas y políticas viables para afrontar la crisis ahora y en el futuro inmediato. Son protuberantes las limitaciones políticas, gerenciales e intelectuales de los ejecutivos responsables de conducir al aparato estatal en esta localidad.
A lo anterior se suma que el partido de gobierno en la región es un verdadero “saco de gatos» en el cual no se percibe ni siquiera un nombre capaz de ejercer un liderazgo proactivo, a lo sumo un grupito de alabarderos entrenados para justificar lo injustificable repitiendo el estribillo: la guerra económica, el sabotaje de la derecha, el bloqueo, etc.
Por otra parte, las «oposiciones», tanto la agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática como la que representan Vente Venezuela y ABP y las de reciente formación como Fuerza Vecinal, Alianza del Lápiz y Guayana Libre lucen obstinadamente anclados en la línea, según la cual, las propuestas de políticas públicas son para el día D más uno, para cuando cese la usurpación y se instaure un gobierno de transición democrática. Como si la comunidad y los ciudadanos, que luchan a diario por la supervivencia, pueden esperar por los «tiempos políticos».
Nuestra opinión es que Guayana está urgida de soluciones ya. Tal propósito solo es posible si y solo si se dan cinco condiciones a saber:
La primera es que el liderazgo de la región (político, laboral-gremial, económico, eclesiástico y social) internalice y comprenda a cabalidad la naturaleza, magnitud, profundidad y alcance de la tantas veces mencionada y diagnosticada crisis. Vale decir, que la misma es estructural abarcando lo político-institucional, lo social, económico, ambiental y ético y su interpretación no es posible al margen del contexto país y su entramado geopolítico. No viene al caso ahora detenerse en detalles y en diagnósticos de esa realidad.
Una segunda condición es entender, en tanto que comunidad regional, que si bien es cierto que soluciones duraderas y con perspectivas de largo aliento tienen que ser integrales y no parciales o focales, también lo es la posibilidad de ensayar respuestas de corto plazo que permitan aproximaciones prácticas y concretas a la visión estratégica. Alcanzar objetivos intermedios, aquí y ahora, que aminoren la carga, que alivien el sufrimiento de la gente.
Es condición indispensable, en tercer lugar, que el liderazgo laboral y gremial aprenda que sus justas luchas reivindicativas tienen que articularse, necesaria y fatalmente, con las luchas políticas por las libertades democráticas y el respeto a los Derechos Humanos, sociales, económicos y ambientales; lo que es igual a decir luchar para obligar al gobierno a respetar el Estado de Derecho y por dotarse de un Estado democrático, de derecho y de justicia.
Es una condición necesaria que el liderazgo empresarial de Guayana y el sector productivo en su conjunto termine de asimilar, más allá de las palabras, que el asunto esencial no es «mi negocio» ni la tasa de ganancia, sino el desarrollo sustentable, las libertades económicas y la equidad, si se quiere un desarrollo económico sostenido, prosperidad, estabilidad política y democracia. Actuar en consecuencia pasa por transitar la senda del diálogo tripartito, por procurar acuerdos regionales que superen el cálculo oportunista e inmediatista.
Tal vez la condición más importante sea que el liderazgo político afecto al gobierno y el liderazgo gubernamental, por una parte, entienda que de continuar con las políticas públicas que han venido poniendo en práctica la situación no va a mejorar ni a cambiar para bien y, por el contrario, va a empeorar para perjuicio de la comunidad y amenazando el proyecto político que defienden con un fatal naufragio; en paralelo es menester que el liderazgo político opositor asuma que más allá del ejercicio opositor simple y puro (críticas a la gestión del gobierno, denuncias y participación electoral) debe ejercer a tiempo completo la función de promover, organizar, articular y conducir la presión cívica necesaria para obligar al gobierno a deponer las políticas equivocadas y las reiteradas violaciones a los Derechos Humanos y civiles que lo caracterizan. Más aún, disponerse a entablar un diálogo y negociaciones con los gobiernos locales, la gobernación del estado y la CVG orientados a procurar acuerdos y soluciones concretas a la tupida selva de problemas que nos agobian. Lo contrario es seguir haciendo “boxeo de sombras» y diálogo a gritos entre sordos.
La lúcida y culta sociedad civil de Guayana, ignorada no sólo por el gobierno despótico sino por los partidos políticos democráticos y hasta por la sociedad civil caraqueña, tiene la responsabilidad de trabajar para que se den las condiciones indicadas y otras que surjan del debate. Más aún, está en la obligación de promover conjuntamente con las universidades (UDO, Ucab, Uneg y Unexpo) y la jerarquía de la Iglesia Católica propuestas de políticas públicas para el debate y facilitar tanto el ejercicio opositor, por una parte, como el ejercicio gubernamental por la otra y, lo fundamental, contribuir a que eventuales negociaciones tengan un asidero realista y firme.
Tal vez la plataforma unitaria de la sociedad civil guayanesa (Lazos Guayana) y gremios como el Colegio de Ingenieros de la seccional Puerto Ordaz y el combativo Colegio de Enfermeros puedan liderar una iniciativa de esta naturaleza que demanda convicciones, confianza en lo que representan y son capaces de hacer, optimismo y esperanza en un futuro democrático.