Por Eliécer Calzadilla
Han transcurrido cinco años y medio desde la entrada en vigencia del Decreto del Arco Minero del Orinoco, que afectó la extracción de minerales, casi 12 000 kilómetros cuadrados del territorio del estado Bolívar; cinco veces la superficie del estado israelí. En trabajos de planificación de programas de gestión de los organismos oficiales, y el de ciertas empresas privadas, se estilaba realizar proyectos con metas quinquenales, tiempo considerado el prudente para evaluar, reafirmar o redefinir rumbos y metas. Conjeturo entonces que es tiempo de evaluar y debatir el Arco Minero en sus distintas dimensiones y efectos, y quizás sería conveniente proponer una suerte autoevaluación a partir de la propia letra del decreto creador.
El artículo cuarto del decreto contiene unos formidables sustantivos bajo el subtítulo de Objetivos y Principios: adaptabilidad, solidaridad, corresponsabilidad, solidaridad, transparencia y sustentabilidad, entre otros, que bien pueden servir de guías para un debate en el que se haga un balance del decreto mismo y de lo que ha ocurrido en las áreas que abarca.
Habría que debatir, ceñidos a esos sustantivos, para evitar el narcisismo de actores adictos al inútil lucimiento oratorio y para que los aduladores de oficio, que abundan, se eximan de peroratas que proclaman que las cosas van muy bien en Guayana y que la gente está feliz. Opino que debe nacionalizarse el tema del extractivismo minero en la región guayanesa en lo que comprende la tercera acepción de nacionalizar del diccionario de Manuel Seco: dar a algo carácter nacional. Es muy ancho y hondo el tema de la minería en Guayana, e inmensos sus efectos, para confinarlo al sur del Orinoco. Se necesitan voces de muchos venezolanos de todas las partes y tendencias que contribuyan a dar luz al camino. Se necesitan estudios y propuestas remediales, porque lo que se percibe a simple vista es un empobrecimiento de la gente que habita los poblados bajo el área de influencia directa de la minería. Es evidente que un grueso sector de los que habitan las ciudades y pueblos de la región ha descendido a la categoría de vulnerables, hecho que merece que se lleve a debate el modelo de desarrollo que inspiró a los que conceptualizaron el Arco Minero para dejar de hacer lo que no funcionó ni funciona. La gente de estas tierras no vive bien. Es necesario que muchas, miles de voces, hablen por los ríos y arroyos malogrados, por los tepuyes horadados, por la fauna expulsada por la acción y el ruido de máquinas monstruosas.
Luego de cinco años y medio, el Gobierno Nacional es el convocado natural, por deber y por Venezuela, para evaluar y debatir con los venezolanos los resultados del Arco Minero de Guayana. El artículo cuarto del decreto alude también como objetivo y principio “el resguardo y defensa de la soberanía nacional”. Sostengo que el concepto de soberanía ha evolucionado en los tiempos contemporáneos hacia múltiples aspectos que trascienden la defensa puramente militar. Uno de esos aspectos alude al ambiente, al cuido de la tierra y la biodiversidad; por decirlo de una manera es lo tocante al agua, bosques, piel y pulmones del territorio nacional. El otro aspecto es la piel de la gente que habita estas comarcas, pueblos y ciudades, también impactada con hondos quebrantos y perturbaciones de la minería, tal y como ahora se hace. En una palabra, es un asunto de Estado, que es como decir de todos los ciudadanos y de toda la Nación. Creo que estamos a tiempo de rectificar.
Agosto, 2022
